Parecen que los astros se alinearon en el sector minero, y es que el referido sector en el año 2018 mostrará un desempeño de 19% y durante el 2019 la tasa de crecimiento bordearía el 23%, sin lugar a dudas, comportamientos de crecimiento sectorial no vistos desde el año 2011.

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Las razones de dicho robusto desempeño no son casuales o gratuitas; es fruto de esfuerzo, dedicación permanente, políticas de Estado, respeto y concilio social, de largas esperas de dos o más décadas; de entender y comprender un pueblo y su historia, su idiosincrasia, de mantener la cordura a pesar de que se patee el tablero, de transparentar y sumar esfuerzos entre todos los actores vinculantes a una operación minera.

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Responsabilidad social compartida (RSC) es un concepto que para algunos podría sonar novedoso, para otros disruptivo, pero valgan verdades que es relevante su entendimiento y asimilación. Y es que la RSC en la actividad minera, no es otra cosa que la comprensión de sinergias necesarias y vinculantes sin grado de dependencia entre la empresa, gobierno central, regional, local, universidad, ONG, sociedad civil en general, mismas que deberán convergen en un objetivo común: el desarrollo sostenible, descentralizado e inclusivo. Debe comprenderse, como sabiamente lo han dicho quienes han contribuido al crecimiento del país, que la empresa no debe ser vista como el principal sostenedor del bienestar y desarrollo social. La empresa contribuye como un actor más.

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Churchill dijo: “Algunas personas consideran la empresa privada como un tigre depredador que debe ser fusilado. Otros la ven como una vaca que se puede ordeñar. No muchas personas la ven como un caballo sano, tirando de un carro robusto”; entonces, la minería que ha sido y sigue siendo uno de los principales motores de la economía peruana por décadas y que ha logrado contribuir al crecimiento de la economía del país, ¿por qué sigue siendo satanizada, politizada y no necesariamente bien percibida? ¿Sabía usted, que el grueso de conflictos sociales son medio ambientales?

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Finalmente, operaciones como Quellaveco (US$ 5.300 millones), la ampliación de Toromocho (US$ 1.300 millones) y Mina Justa (US$ 1,348 millones), deberán colmarlos de orgullo, pues ello es sinónimo de elegibilidad, de confianza, de proyección, además de reposicionar al Perú como un país de larga tradición minera.

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